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En Colombia, cientos de personas LGBTIQ+ han sido sometidas a prácticas violentas. Estas acciones intentan modificar su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, se basan en la falsa idea de que hay algo que corregir.
Organismos internacionales, como la ONU, ya las han catalogado como tortura. No obstante, en el país aún no existe una norma que las prohíba expresamente. Por fortuna, esa realidad podría cambiar pronto.
Un paso legislativo histórico
El Proyecto de Ley Quiéreles, porque no hay #NadaQueCurar (365C de 2024) avanza fuertemente. Actualmente, se dirige hacia su segundo debate en la Cámara de Representantes. Por ello, marca un momento muy importante para los derechos humanos en el país.
Esta iniciativa es impulsada por la Fundación GAAT y la plataforma Nada que curar. Además, busca garantizar que nadie sea sometido a actos que pretendan cambiar quién es realmente.
Puntos clave del proyecto
El proyecto no solo busca penalizar, sino educar a quienes cometan estas infracciones. A continuación, presentamos las propuestas principales que buscan transformar el marco legal:
- La prohibición explícita de cualquier práctica que busque modificar la orientación sexual o la identidad de género, dejando claro que acompañamientos o reflexiones personales no constituyen una práctica de conversión.
- Sanciones penales entre 2 y 6 años de prisión para quienes realicen o promuevan estas prácticas, con agravantes cuando las víctimas sean menores de edad, personas en situación de vulnerabilidad o exista ánimo de lucro o abuso de poder.
- Responsabilidad profesional y administrativa, estableciendo que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud deberán crear mecanismos para investigar y sancionar a profesionales o instituciones del sector salud que realicen estas prácticas.
- Las personas jurídicas o entidades sin ánimo de lucro que promuevan prácticas de conversión podrán perder su personería jurídica o licencias de funcionamiento.
- La creación de protocolos especializados de investigación y denuncia, liderados por el Ministerio de Justicia y la fiscalía general, para garantizar la atención efectiva a las víctimas.
- La incorporación de un sistema de vigilancia y prevención en salud mental, que permita identificar, documentar y prevenir este tipo de violencias. Más que una ley, un cambio cultural
Este enfoque integral combina justicia, prevención y reparación. En realidad, el objetivo es afirmar una convicción clara, en Colombia no hay nada que curar, pero sí mucho que cuidar.
Danne Belmont, directora de la Fundación GAAT, es contundente al respecto. Según ella, es un error hablar de “terapias”. Más bien, son formas violentas de exorcismos y violaciones.
El país se encuentra ante una oportunidad histórica. La aprobación de esta ley enviaría un mensaje poderoso de igualdad. Esta es una reparación pendiente con todas las personas que fueron obligadas a negar su identidad.
